Opinión acerca del debate sobre la pena de muerte en el Perú

Últimamente, muchos políticos, empezando por el nuevamente electo Presidente Alan García, están promocionando la instalación de la pena de muerte para casos de violación. Es cierto que existe un impulso en la mayor parte de individuos de indignación ante un hecho de violación, tortura y asesinato contra niños y niñas, el cual nos lleva a, textualmente, querer matar a los agresores. Sin embargo este impulso no lo llevamos acabo porque la justicia no se hace en las manos de uno, sino que existe un medio por el cual se administra la justicia en la sociedad. Este medio se basa en leyes nacionales y, en algunos casos, internacionales. El respeto a la vida, es parte del paquete de derechos humanos de los cuales nuestro país es firmante. Al cual no podemos renunciar por muchas razones, a pesar que los impulsos individuales se conviertan en colectivos y con réditos políticos.

Debemos recordar que el partido aprista ha sido autor de violaciones de derechos humanos en el pasado y, a pesar que estos crímenes han prescrito, el peso de la historia los persigue. Desligarnos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos serviría para que el gobierno legitime actos represivos y sea excluido de posteriores acusaciones contra crímenes de lesa humanidad, en contra de las libertades y en contra de la vida, entre otros. Usar la bandera de persecución a violadores inhumanos puede ser la puerta a gobiernos autoritarios que no están dispuestos a dejar cabos sueltos para el posterior juzgamiento de su gobierno.

Me parece importante no dejar de discutir de como mejorar la administración de justicia, la recuperación de valores en la sociedad peruana, lograr el compromiso de los medios de comunicación, los políticos y los ciudadanos para educar mejor a todos los peruanos y sobre todo, aprender a respetar nuestros derechos. No existe, al negar la pena de muerte como castigo, un proteccionismo a violadores y asesinos, como pretenden ponerlo muchos políticos y periodistas oportunistas de las desgracias ajenas. Es justo reconocer que existen causas para el deterioro social, las cuales se pueden atender mejorando la calidad de vida de las personas, es también justo identificar que la administración de justicia debe cumplirse sin corrupción para disminuir reincidencias, y es justo decir que la vida es lo más preciado que tenemos y por lo tanto debemos defenderla en toda su dimensión.